Descargo de responsabilidad. El material tiene carácter informativo y analítico y no constituye un llamado a la violencia, a la injerencia en los asuntos internos de los Estados ni a la violación de la ley. En el texto se utilizan valoraciones y formulaciones presentes en el debate público político y de derechos humanos, con base en fuentes abiertas y documentos.
La historia de Nicolás Maduro resulta sorprendente precisamente por su «normalidad» al comienzo. No era un general, ni un tecnócrata, ni un brillante graduado de una universidad de la Ivy League. Un tipo común de Caracas: ambiente sindical, un autobús (en sentido literal), luego los pasillos del partido, y así el hombre se convierte en la cara de un país con las mayores reservas petroleras.
Luego comienza lo que muchos llaman la trayectoria clásica del deriva autoritaria: elecciones polémicas, tribunales que dejan de ser independientes, el aparato de seguridad como «garantía» del régimen, y la economía que primero se resquebraja y luego se derrumba de tal forma que se nota desde el espacio. Si busca la «historia completa del dictador», lo más honesto es decir: no hubo un único momento en que Venezuela despertó como dictadura. Hubo una larga cadena de decisiones y crisis, en la que cada decisión siguiente hacía casi imposible retroceder.
La culminación, a 3 de enero de 2026, se volvió de pronto literal: varias agencias internacionales informaron sobre una operación de EE. UU., ataques en Venezuela y la captura de Maduro con su posterior traslado fuera del país. La historia aún se está desarrollando: hay pocos detalles y muchas emociones, por lo que ahora es importante separar los hechos del ruido en Telegram.
Cómo de activista sindical se convirtió en el sucesor de Chávez
Maduro nació en 1962 en Caracas y durante mucho tiempo fue percibido como una persona «desde abajo». En las biografías se repite de manera constante la asociación: trabajo como conductor, luego actividad sindical, talento organizativo, habilidad para reunir a la gente y lealtad dentro del movimiento. No es romanticismo, sino pragmatismo: los sindicatos en Venezuela no eran solo por los salarios, sino también por la movilización política.
El giro clave fue el vínculo con Hugo Chávez y el chavismo como proyecto. Para Chávez eran importantes «las suyas», personas que no solo compartieran la ideología sino que estuvieran dispuestas a formar parte disciplinada de la verticalidad. Maduro encajó perfectamente: sin una autonomía llamativa, pero con manejabilidad y experiencia en el trabajo de aparato.
En los años 2000 siguió la trayectoria típica de la élite chavista: parlamento, luego ascenso dentro del Estado y del partido. Fueron especialmente importantes los años en el ámbito de la política exterior y en la dirección: cargo de ministro de Relaciones Exteriores y luego vicepresidente. No fue solo experiencia de despacho. La política exterior venezolana en ese periodo fue una herramienta para la supervivencia del régimen, el comercio de alianzas y recursos.
Cuando Chávez murió en 2013, Maduro obtuvo lo que en esos sistemas decide más que los programas y promesas: el estatus de heredero elegido. Luego todo siguió «el libro de texto» de las transiciones dentro de un poder personalista: se convirtió en jefe interino y luego ganó las elecciones con un margen mínimo, y la disputa sobre la legitimidad de esa victoria fue el telón de fondo de toda la época siguiente.
La ironía es que su «normalidad» al inicio se convirtió en un activo político. Para el núcleo de seguidores era la historia de «un hombre de aquí», para las élites y los cuerpos de seguridad un sucesor seguro, que no vendría a barrer ni a iniciar purgas. Pero ese tipo de legitimidad tiene un inconveniente: cuando comienza una crisis sistémica, de «lo propio» esperan milagros. Y los milagros, como se sabe, suelen no ocurrir.
Mantener el poder: elecciones, instituciones y el contorno de fuerza
Desde 2013 Venezuela vivió en un régimen de turbulencia política permanente. Oleadas de protestas, acusaciones mutuas de intentos de golpe, presión de sanciones y el eterno tema «el pueblo contra la élite», donde cada bando se considera al pueblo. A nivel internacional, muchos organismos de derechos humanos empezaron a percibir a Maduro como el líder de un régimen que se apoya en la represión y en el amedrentamiento de opositores.
Un quiebre fuerte se relacionó con el conflicto institucional: la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, tras lo cual el poder empezó a eludir sistemáticamente al parlamento. Uno de los instrumentos fue el jurídico: decisiones de las altas instancias judiciales que los críticos describen como políticamente motivadas. Luego siguió un escenario conocido en muchos países: «no es que hayamos abolido la democracia, solo se trata de un procedimiento jurídico».
En 2017 las protestas volvieron a ser masivas, y la respuesta del Estado, según organizaciones de derechos humanos, incluyó fuertes represiones, detenciones masivas y presión sobre los discrepantes. Paralelamente surgió la configuración de una asamblea constituyente que Human Rights Watch calificó como un mecanismo democrático ficticio que, en la práctica, amplió las capacidades del régimen.
Otra capa, que a menudo se olvida en la «novela sobre el dictador», es la lógica cotidiana del aparato de fuerza. En los regímenes personalistas los servicios especiales, el ejército, la policía y las estructuras paramilitares cumplen múltiples funciones. Son al mismo tiempo custodia del poder, árbitro político y actor económico. Esa unión crea un efecto: aun cuando la popularidad caiga, el «interruptor del poder» ya no está en manos del elector, sino en manos de una coalición que teme la derrota como amenaza física.
Maduro mantuvo el poder por medio de una combinación: control de las reglas electorales, maniobras institucionales, apoyo en las fuerzas de seguridad y movilización regular de los leales mediante una retórica de fortaleza asediada. Reuters, en un perfil biográfico, describe su mandato como un período de colapso económico y duros desalojos de protestas, lo que contribuye a la imagen de «dictador» ante sus críticos.
Economía en piloto automático: petróleo, sanciones y migración
Para entender a Maduro no basta la política. Es necesario comprender la física económica de Venezuela: el país vivió durante décadas como un estado petrolero, donde la renta reemplaza a las reformas y la redistribución prima sobre la eficiencia. Cuando el sistema funciona, gusta. Cuando se rompe, se descubre que casi no hay mecanismos de reserva.
El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) describe la crisis venezolana como un colapso económico con hiperinflación y escasez de bienes básicos, y señala la relación: errores de gestión más sanciones que afectaron al sector petrolero y a las inversiones. Esto es importante porque la discusión «solo las sanciones son culpables» y la discusión «solo Maduro es culpable» suelen simplificar la realidad. Hubo ambas cosas, en proporciones distintas dependiendo de la etapa.
El Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. (CRS) registra que la caída de la producción petrolera se relacionó no solo con sanciones, sino también con la mala gestión crónica del sector, y que las restricciones de EE. UU. intensificaron la presión financiera sobre el Estado. Esto no es una «justificación» de ninguna parte, sino una contabilidad fría: si se corta el acceso a mercados y financiación, al sistema le cuesta respirar. Si además está mal gestionado, se asfixia más rápido.
Un indicador aparte, que mejor que cualquier gráfico muestra la magnitud de la tragedia, es la salida de personas. Según ACNUR, el número de refugiados y migrantes desde Venezuela llegó a casi 7,9 millones, es decir, la crisis se convirtió en una de las mayores migraciones del mundo. Cuando un país pierde millones de habitantes, no es solo un «problema económico», es la ruptura del tejido social, de la educación, la salud, el mercado laboral y el futuro.
En esa situación el poder suele elegir el camino más tentador: mantenerse a toda costa, porque la alternancia en medio de la catástrofe parece un salto sin paracaídas. Pero así convierte a la economía en rehén de la política. Cualquier intento de reforma se interpreta como una concesión y la concesión como el inicio del fin. El resultado es un país pegajoso y exhausto, donde el Estado y el régimen se vuelven casi sinónimos.
Frente jurídico: acusaciones de EE. UU., sanciones y la Corte Penal Internacional
Desde 2019 el marco internacional sobre Maduro se volvió aún más duro. EE. UU. reconoció oficialmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y para Washington la legitimidad de Maduro quedó prácticamente nula. Ese paso fue a la vez político y jurídico: si no reconoces al jefe de Estado, tienes mayor libertad para interpretar sus inmunidades y su estatus.
En 2020 el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos contra Maduro y un grupo de funcionarios venezolanos por asuntos relacionados con narco-terrorismo, corrupción y tráfico de drogas. Se trató de una declaración jurídica de la parte estadounidense con formulaciones y un marco de investigación concretos, no de «opiniones de analistas». Maduro negó las acusaciones y sus partidarios las consideraron parte de la presión política.
Luego entró en juego un incentivo que normalmente indica intención de llevar el asunto hasta el final: el programa de recompensas. El Departamento de Estado informó en 2025 del aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro hasta «hasta 50 millones de dólares». Estos instrumentos rara vez se usan «solo por titulares»; son un elemento de presión multinivel.
Paralelamente continúa la vía de la Corte Penal Internacional. En la página de la CPI sobre el caso Venezuela I se indica que la investigación se refiere a presuntos crímenes de lesa humanidad. Un matiz importante: la CPI no «juzga regímenes», sino la responsabilidad penal individual. Eso significa que incluso un cambio de poder no siempre cierra el asunto, porque la lógica jurídica allí es larga y lenta como un glaciar.
En 2025 Human Rights Watch escribió sobre persecuciones y represión sistemática tras las elecciones de 2024, incluidas detenciones arbitrarias y otras violaciones. En el contexto del «dictador» esto es clave, porque el material de derechos humanos suele alimentar las investigaciones internacionales, las sanciones y los procesos judiciales.
Elecciones 2024, nueva ola de presión y arresto del 3 de enero de 2026
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fueron un momento en el que la disputa por la legitimidad escaló a un nuevo nivel. Según observadores y defensores de derechos humanos, las autoridades anunciaron la victoria de Maduro sin la transparencia adecuada en la publicación de resultados, y evaluaciones independientes y algunas organizaciones internacionales pusieron en duda la veracidad de las cifras anunciadas. Cabe destacar la posición del Carter Center: la organización afirmó que los comicios no cumplieron con los estándares democráticos y que publicar resultados sin una tabulación transparente socava la confianza.
A continuación entró en acción la mecánica de represión de protestas. Human Rights Watch describió fuertes represiones y detenciones masivas tras las elecciones, y en el discurso público dentro de Venezuela se consolidó el nombre de la operación «Tun Tun» (a menudo traducida como «tuc-tuc»), que los defensores de derechos humanos asociaban con detenciones «puerta por puerta». Si alguna vez ha visto cómo los grupos se silencian, suele ser así: primero ruido, luego golpes en la puerta, luego silencio.
Paralelamente siguió el juego externo de las sanciones. En 2023 EE. UU. alivió temporalmente parte de las restricciones en el marco de acuerdos políticos, pero en 2024 el Departamento de Estado comunicó la expiración y revisión de licencias relacionadas con el alivio sancionatorio para el sector petrolero venezolano. Esto reflejaba la idea simple: «alivio a cambio de pasos hacia elecciones competitivas», y cuando los pasos parecen insuficientes, la llave se vuelve a cerrar.
Y el 3 de enero de 2026 ocurrió lo que hasta ayer parecía un guion de thriller político. Reuters informó que el presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró la captura de Nicolás Maduro y su esposa tras una operación a gran escala y ataques, y Associated Press y Financial Times describieron esto como una acción militar decisiva con la salida de Maduro del país y la intención de juzgarlo en EE. UU. por los cargos anunciados previamente. Un detalle importante: al momento de las publicaciones había pocos detalles; parte de la información provenía de fuentes estadounidenses, y dentro de Venezuela se escuchaban declaraciones sobre la ilegalidad de la intervención y pedidos de confirmación del estado de los detenidos.
En este tipo de noticias siempre existe la tentación de creer que «todo está claro». No, no lo está. Incluso si la detención se confirma, el desenlace final depende de decenas de variables: procedimientos jurídicos, la reacción de los cuerpos de seguridad venezolanos, la postura de los vecinos, la diplomacia de los grandes actores y la capacidad interna de la oposición para ofrecer una transición gestionada y no solo una fiesta de una noche. Reuters y AP señalaban la incertidumbre sobre quién controla el poder en Caracas y cuál será la reacción local.
Cómo puede terminar el arresto: escenarios plausibles
Cuando el lector pregunta «cómo terminará el arresto» suele querer un marco. Es decir, un conjunto de escenarios realistas con explicación de por qué son posibles. A continuación eso: sin magia y sin certezas donde no puede haberlas.
Escenario 1. Juicio en EE. UU. por los cargos de 2020. Si Maduro estuviera realmente bajo control de EE. UU., el camino más directo sería su traslado a la jurisdicción estadounidense, la primera audiencia, decisiones procesales sobre la detención preventiva y luego la larga batalla de los abogados sobre pruebas y estatus. El Departamento de Justicia de EE. UU. describió públicamente el marco de los cargos en 2020, y el Departamento de Estado durante años vinculó la cuestión de la recompensa con el arresto y/o condena. Es decir, la infraestructura del caso existe y no hay que inventarla desde cero.
Escenario 2. Un gran acuerdo en el que el juicio es palanca, no final. En la práctica, los procesos mediáticos contra líderes suelen convertirse en trueques político-jurídicos: intercambio por garantías, confesiones, acceso a activos, condiciones para la transición del poder, seguridad para la familia y el entorno. Parece cínico, pero en la política internacional el cinismo suele llamarse «estabilización». El hecho mismo de que funcionarios estadounidenses hayan hablado del arresto en términos de «comparecerá ante la justicia» no excluye la existencia de un nivel negociador entre bastidores.
Escenario 3. Presión desde instituciones internacionales y la agenda de derechos humanos. La CPI mantiene una investigación sobre Venezuela y si la cuestión de la responsabilidad individual toma impulso jurídico, puede surgir una competencia de marcos: la vía penal estadounidense, la vía penal internacional y la vía interna venezolana. EE. UU. no es parte del Estatuto de Roma, por lo que no existe un mecanismo automático de «remisión a La Haya» aquí, pero a veces las decisiones políticas se sitúan por encima de las costumbres jurídicas. En cualquier caso, la presencia de una investigación de la CPI significa que la historia no se limita a un tribunal estadounidense.
Escenario 4. Crisis del poder en Caracas y intento de revancha por la fuerza. Si parte de los militares y estructuras de seguridad internas interpreta el arresto como una agresión extranjera, pueden intentar consolidarse en torno a una figura temporal, declarar medidas de emergencia y reprimir a la oposición bajo el lema de la soberanía. En las noticias ya se escucharon argumentos sobre un «ataque ilegal» y llamados a la movilización. Es el riesgo de que la detención del líder no ponga fin al régimen, sino que temporalmente lo vuelva más duro y caótico.
Escenario 5. Período de transición si la oposición y parte de las élites llegan a un acuerdo. El más deseado por la sociedad, pero no el más sencillo. La transición requiere no solo líderes carismáticos, sino también un equipo gestor, garantías para quienes pierden y ayuda financiera externa. De lo contrario el país obtiene no una «liberación» sino un nuevo ciclo de colapso. Con casi 8 millones de migrantes forzados y unas instituciones destruidas, el coste del error sería descomunal.
Si se resume en una frase: cómo terminará en los próximos meses dependerá de si prevalece la lógica del tribunal o la lógica del trueque, y si Venezuela puede evitar el escenario en el que la caída de un líder desencadena el desmoronamiento del Estado. Y sí, este es un caso en el que es más seguro ser un realista aburrido que un profeta luminoso.
Nota: el material se preparó con base en informes periodísticos abiertos, declaraciones de organismos estatales y documentos de organizaciones internacionales. En acontecimientos que evolucionan rápidamente algunos detalles pueden precisarse y cambiar a medida que aparezcan confirmaciones.
