El 19 de junio de 2023, en el estado estadounidense de Luisiana, se aprobó una ley que provocó un intenso debate en todo el país. El gobernador Jeff Landry firmó la House Bill 71, que obliga a todas las escuelas públicas y universidades del estado a colocar en sus instalaciones los Diez Mandamientos bíblicos. Esta decisión no solo dividió a la sociedad en dos bandos, sino que también planteó una serie de cuestiones serias sobre los límites entre la religión y el Estado en la América contemporánea.
¿Qué establece la nueva ley?
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House Bill 71, conocida informalmente como "Ley de los Diez Mandamientos", fue la primera de su tipo en EE. UU. Sus disposiciones clave incluyen:
- La colocación obligatoria de carteles o copias enmarcadas de los Diez Mandamientos en cada aula, en la biblioteca escolar y en el comedor de todos los centros educativos públicos de Luisiana.
- Requisitos de formato: tamaño mínimo del cartel 28x35,5 cm, el texto debe ser fácilmente legible.
- Posibilidad de que las escuelas acepten donaciones para la elaboración de los carteles.
- Plazo de ejecución: inicio del año escolar 2025.
Tras la firma del documento, el gobernador Landry declaró: "Si quieren respetar la supremacía de la ley, deben comenzar por el legislador original, que fue Moisés".
¿Por qué la ley genera controversia?
La aprobación de la ley provocó un acalorado debate en la sociedad estadounidense. Los principales argumentos de los críticos:
Violación de la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU.
Esta enmienda garantiza la libertad de culto y prohíbe al gobierno establecer una religión oficial. La colocación de textos religiosos en instituciones públicas puede considerarse una violación de este principio.
Discriminación contra ciudadanos no religiosos y miembros de otras confesiones.
La ley favorece de hecho la tradición judeocristiana, ignorando otras cosmovisiones religiosas y no religiosas.
Presión psicológica potencial sobre los estudiantes.
La presencia constante de símbolos religiosos puede crear un ambiente incómodo para niños de familias no religiosas o de familias que profesan otras religiones.
Problemas legales.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya anunció su intención de impugnar la ley en los tribunales.
Contexto: política religiosa en Luisiana
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La "Ley de los Diez Mandamientos" no es la única iniciativa de este tipo en Luisiana. En los últimos tiempos el estado ha aprobado una serie de leyes que los críticos consideran intentos de reforzar la influencia de la religión en la vida pública:
- House Bill 98 permite que los distritos escolares contraten capellanes como asesores en asuntos de salud mental.
- La llamada "ley sobre el nombre dado" (House Bill 81) permite a profesores y al personal escolar dirigirse a los alumnos usando únicamente los nombres y pronombres que correspondan a su sexo de nacimiento. Los críticos ven en esto discriminación contra la comunidad LGBT.
- Está en consideración el proyecto House Bill 463, que podría prohibir la asistencia médica a adolescentes transgénero en proceso de transición. Los partidarios de esta iniciativa suelen apelar a valores religiosos.
Argumentos a favor de la ley
A pesar de las críticas, la "Ley de los Diez Mandamientos" también cuenta con partidarios. Sus argumentos incluyen:
Preservación del patrimonio cultural.
Los Diez Mandamientos se consideran una parte importante de la tradición cultural y jurídica estadounidense, independientemente de su origen religioso.
Formación moral.
Los defensores sostienen que los mandamientos contienen principios éticos universales útiles para el desarrollo moral de los estudiantes.
Protección de la libertad religiosa.
Algunos ven en esta ley una respuesta a la "secularización" de la sociedad y una defensa del derecho a la expresión pública de convicciones religiosas.
Por ahora, todos los argumentos parecen bastante difusos y frágiles, especialmente desde la perspectiva de los defensores de los derechos civiles. El destino de la "Ley de los Diez Mandamientos" aún no está definido. En breve se presentarán demandas que impugnen su constitucionalidad. El resultado de esos procesos podría sentar un precedente importante para todo el país.
