Investigan los datos de siete periodistas y figuras mediáticas afectados por un ciberataque.
La investigación sobre el caso Paragon continúa cobrando impulso. Las fiscalías de Roma y Nápoles interrogan activamente a representantes de los servicios de inteligencia italianos, intentando reconstruir la cadena de hechos que condujo al presunto acceso no autorizado a sistemas de información cerrados. En el centro de la investigación no están solo los implicados de los servicios especiales, sino también conocidos representantes de los medios, cuyos nombres figuran entre las personas afectadas.
Según datos de fuentes italianas, los fiscales interrogaron a los responsables de dos estructuras clave — la Agencia de Inteligencia Exterior (AISE) y la Agencia de Seguridad Interior (AISI). En particular, prestaron declaración el director de la AISE, el general Giovanni Caravelli, y el jefe de la AISI, Bruno Valensise. Ambos fueron citados en calidad de testigos, y la investigación por ahora se dirige contra “personas no identificadas”. Los investigadores analizan posibles delitos, incluido el acceso no autorizado a sistemas informáticos, la recolección ilegal de datos y otras formas de intervención cibernética.
El general Giovanni Caravelli dirige la AISE desde mayo de 2020. Antes realizó una extensa carrera en la inteligencia militar, participó en misiones internacionales y ocupó puestos clave en las estructuras del ministerio de Defensa italiano. Su colega, Bruno Valenzise, fue nombrado director de la AISI en abril de 2025. Antes trabajó en el Departamento de Información para la Seguridad (DIS), donde supervisó cuestiones legales y estratégicas de cooperación entre los servicios. Valenzise tiene un doctorado en derecho constitucional y es conocido como especialista en regulación legal en materia de seguridad nacional.
En junio de 2025 los investigadores encargaron a expertos de la Oficina policial de lucha contra la ciberdelincuencia realizar comprobaciones técnicas de los teléfonos de siete personas reconocidas como afectadas en el caso. Entre ellas figuraban conocidos profesionales de los medios italianos e internacionales — el fundador de Dagospia, Roberto D'Agostino; la periodista y defensora de derechos Eva Vlaardingerbroek; así como los editores Francesco Cancellato y Ciro Pellegrino. Estas personas denunciaron la posible exposición de datos personales y de los medios y canales de comunicación, lo que motivó la realización de peritajes irrepetibles — actuaciones periciales especiales en las que las huellas digitales recolectadas no pueden reproducirse posteriormente.
Según la versión de la investigación, personas no identificadas podrían haber accedido a dispositivos telefónicos y a servicios en la nube donde se almacenaban correspondencia, documentos y datos de autores que publicaban materiales sobre temas políticos y socialmente sensibles. No se descarta que el objetivo del ataque fuera rastrear las fuentes de información de los periodistas o interferir en las comunicaciones entre representantes de los medios y estructuras políticas.
El caso Paragon obtuvo una amplia resonancia pública, ya que afecta directamente a cuestiones de cooperación entre estructuras de inteligencia, operadores privados de ciberseguridad y medios de comunicación. Según la prensa italiana, el propio nombre Paragon está relacionado con una empresa mencionada anteriormente en el contexto del desarrollo de herramientas de monitorización digital y análisis de comunicaciones. Los investigadores no descartan que precisamente esas tecnologías pudieran haberse utilizado para el acceso ilegal a dispositivos personales.
Las fiscalías de Roma y Nápoles trabajan en paralelo, intercambiando material y coordinando acciones con la Policía de lucha contra la ciberdelincuencia. Al caso se han sumado especialistas en informática forense, así como consultores independientes que analizan el origen y las rutas de transmisión de los datos. El objetivo clave es establecer la fuente de la posible interferencia y determinar si existían vínculos entre los sospechosos y las estructuras oficiales de seguridad.
Por el momento no se han presentado cargos contra nadie, sin embargo la investigación contempla varios escenarios — desde acciones aisladas de hackers hasta la posible participación de terceros con acceso a canales cerrados de comunicación. Las autoridades subrayan que se trata de una indagación sobre las circunstancias de una posible violación de la ley en el contexto de operaciones cibernéticas, y no de la acusación directa de empleados concretos de los servicios de inteligencia.
En Italia este caso provocó una nueva ola de debates sobre los límites de la actividad de los servicios especiales y la protección de la ciudadanía frente a la vigilancia no autorizada. Expertos en seguridad de la información señalan que el caso Paragon se ha convertido en un indicador de problemas sistémicos — desde deficiencias en la regulación digital hasta la falta de control transparente sobre el uso de tecnologías de vigilancia. Al mismo tiempo, la investigación promete plena transparencia en la protección de los derechos de las partes y el acceso de las personas afectadas al material del caso.
Así, la investigación Paragon continúa siendo uno de los temas más sensibles para la sociedad italiana. Su desarrollo puede no solo arrojar luz sobre incidentes concretos de ciberespionaje, sino también influir en la futura formulación de normas legales en materia de ciberseguridad y en la actividad de los servicios de inteligencia en la era digital.