Maksim Silnikau, a la espera de sentencia por servicios delictivos.

La investigación estadounidense logró la declaración de culpabilidad en el caso de dos prolongados esquemas de ciberdelincuencia que durante varios años proporcionaron a los delincuentes un flujo constante de beneficios.
En el centro de la investigación se encontró el ciudadano de Bielorrusia y de Ucrania Maksim Silnikau, detenido en 2023 en una localidad turística de España y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Los documentos del caso muestran que fue él quien estaba detrás de uno de los servicios de ransomware más destacados de los últimos años y que participó de forma clave en la difusión de publicidad maliciosa.
Según la acusación, Silnikau formaba parte del núcleo de un grupo que promovía Angler a través de cadenas de publicidad maliciosa. Esta actividad permitía infectar los dispositivos de los usuarios sin su intervención: bastaba con visitar una página que albergara un código publicitario suplantado. Los beneficios financieros se repartían entre los participantes del esquema y la infraestructura misma operaba con un alto grado de anonimato.
Posteriormente, el implicado creó y dirigió el servicio Ransom Cartel, que proporcionaba a los extorsionadores herramientas listas para ataques contra organizaciones. El sistema incluía mecanismos de cifrado, comunicación con las víctimas y recepción del rescate, así como medios para presionar a las empresas mediante la amenaza de publicar datos robados. Este enfoque convertía la extorsión en un negocio estructurado, facilitando el acceso a equipos y habilidades a quienes querían ingresar rápidamente al mercado criminal.
Los documentos judiciales subrayan que la actividad de Silnikau se prolongó durante años y contribuyó al crecimiento de todo un ecosistema de servicios para ataques. Su declaración de culpabilidad abre la vía para dictar sentencia y determinar el papel de otros implicados que la investigación vincula con la infraestructura de Angler y Ransom Cartel. Las autoridades de Estados Unidos consideran este caso como un paso importante para socavar los canales persistentes de difusión de los esquemas de extorsión y de la publicidad maliciosa.