Seleccionaban al personal para maniobras financieras con tanto rigor que a todos los sometían al polígrafo.

En Europa se desarticuló la actividad de una gran red de fraude que utilizaba centros de llamadas en Ucrania para engañar a ciudadanos de varios países. La operación conjunta fue el resultado de meses de cooperación entre las fuerzas del orden y la coordinación internacional.
Las autoridades de la República Checa, Letonia, Lituania y Ucrania, con el apoyo de Eurojust, llevaron a cabo acciones a gran escala contra un grupo organizado que gestionaba centros de llamadas en Dnipro, Ivano-Frankivsk y Kiev. Según la investigación, la estructura operaba como una organización comercial completa. Los empleados recibían un porcentaje de las sumas que lograban sustraer a las víctimas. El perjuicio estimado supera los 10 millones de euros; más de 400 personas de distintos países europeos han sido reconocidas como perjudicadas.
Para engañar empleaban varios esquemas. Los delincuentes se hacían pasar por agentes de policía o empleados bancarios y convencían a las personas de que sus cuentas supuestamente habían sido hackeadas. Con ese pretexto inducían a las víctimas a transferir dinero a cuentas "seguras" controladas por la red criminal. En algunos casos obligaban a las personas a instalar programas de acceso remoto e introducir sus datos bancarios, lo que permitía controlar por completo sus cuentas.
El personal para los centros de llamadas se reclutaba en la República Checa, Letonia, Lituania y otros países, y luego trasladaban a las personas a Ucrania. Dentro del grupo los roles estaban claramente asignados — desde las llamadas a las víctimas y la falsificación de documentos hasta la recepción de efectivo. La investigación determinó que en los centros de llamadas trabajaban alrededor de 100 personas procedentes de distintos Estados europeos.
La motivación se basaba en un porcentaje de los fondos sustraídos — hasta el 7 por ciento por cada operación exitosa. Los líderes también prometían grandes recompensas, incluidos vehículos e inmuebles en Kiev; sin embargo, en la práctica estas promesas no se cumplieron.
Para coordinar la investigación, Eurojust creó un equipo conjunto de investigación. Representantes de los países participantes se reunieron tres veces en La Haya, donde intercambiaron datos y planificaron la operación. La financiación de Eurojust permitió que los investigadores europeos participaran en las actuaciones directamente en Ucrania.
El 9 de diciembre se realizaron 72 registros en tres ciudades ucranianas. Se inspeccionaron oficinas, viviendas y vehículos. Se incautaron documentos de identidad falsos, ordenadores, portátiles, discos duros, teléfonos móviles, así como un polígrafo, efectivo, 21 vehículos y armas con munición. Ese día fueron detenidas 12 personas. En total, en el marco de las investigaciones en cuatro países se han identificado 45 sospechosos.