La ONU ha adoptado la Convención sobre el Cibercrimen.
Tras cinco años de negociaciones, los 193 Estados miembros de la ONU han adoptado una Convención jurídicamente vinculante contra el cibercrimen, la primera de su tipo. Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, calificó este evento como "un paso histórico", destacando que este es el primer instrumento jurídico internacional de la ONU relacionado con la delincuencia en más de 20 años.
Según datos del Banco Mundial, en 2023 el 67,4 % de la población mundial utilizó internet para tareas cotidianas, como la comunicación y las compras, así como para actividades más complejas, incluyendo investigaciones e innovación. Sin embargo, este nivel de actividad deja a más de dos tercios de la población mundial expuestos al cibercrimen. Además, las personas y países afectados por la brecha digital están aún menos protegidos.
Los cibercriminales emplean sistemas digitales para distribuir ransomware, realizar ataques de hacking, robar dinero, datos e información valiosa. También se utilizan las tecnologías de la información para delitos como el tráfico de drogas, armas y personas, el lavado de dinero, el fraude y otras infracciones. Estas amenazas socavan las economías, interrumpen la infraestructura crítica y destruyen la confianza en el mundo digital.
La Convención adoptada permitirá una respuesta más rápida, coordinada y eficaz frente al cibercrimen, haciendo que tanto el entorno digital como el físico sean más seguros. Hasta ahora, no existía un texto globalmente acordado sobre el cibercrimen.
La investigación de delitos transnacionales, tanto en línea como fuera de línea, requiere pruebas electrónicas. Sin embargo, estas pueden estar ubicadas en distintas jurisdicciones, lo que supone un reto para las fuerzas del orden. La Convención regula el acceso y el intercambio de dichos datos para facilitar las investigaciones y los procesos judiciales. Los Estados miembros también tendrán acceso a una red de asistencia operativa 24/7.
Además del intercambio de pruebas electrónicas, esta red se usará para facilitar investigaciones, identificar, congelar, incautar y devolver los ingresos del delito, así como para la asistencia jurídica y la extradición.
La Convención se convierte en el primer acuerdo global destinado a proteger a los niños contra el abuso sexual perpetrado mediante tecnologías de la información. La tipificación penal de estos delitos ofrece a los gobiernos más herramientas para proteger a los menores de edad.
El documento también incluye medidas para asistir a las víctimas de cibercrímenes. Promueve la provisión de apoyo, como rehabilitación, compensación, restitución y eliminación de contenidos ilegales. Estas acciones se llevarán a cabo de acuerdo con las legislaciones nacionales de los Estados miembros.
No basta con reaccionar ante los incidentes cibernéticos. La Convención exige que los Estados desarrollen medidas para mitigar los riesgos y amenazas del cibercrimen, incluyendo capacitaciones para los sectores público y privado, programas de rehabilitación para infractores, ayuda a las víctimas y más.
El documento estará disponible para su firma en 2025 durante una ceremonia oficial en Hanói, Vietnam