Los 127 000 bitcoins que ahora están bajo control de las autoridades de Estados Unidos se convirtieron inesperadamente en objeto de disputa, en la que no solo está en juego una suma enorme, sino también la cuestión de quién recibirá finalmente esos fondos. En el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York se presentó una demanda solicitando entregar la criptomoneda a las víctimas de atentados terroristas y a sus familias, que cuentan con sentencias contra Irán por miles de millones de dólares.
La demanda se dirige contra la compañía Iran and China Investment Development Group, que, según los demandantes, operaba bajo la marca lubian.com y está vinculada con el gran grupo de minería LuBian. El documento afirma que estos activos, 127 271 BTC, deben considerarse "activos bloqueados" de Irán o de una de sus entidades, por lo que podrían utilizarse para pagar indemnizaciones en casos de terrorismo.
Los autores de la demanda sostienen que en total a los demandantes se les han concedido $23 206 959 532,03, incluyendo más de $9,1 mil millones de dólares en indemnizaciones; sin embargo, Irán, según ellos, no ha pagado ni un centavo y las sentencias siguen acumulando intereses.
Como ejemplos, en los documentos se mencionan los casos del atentado en Jerusalén en 2001 y las explosiones en las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998, en los que los tribunales en Washington atribuyeron responsabilidad a Irán por apoyar estructuras terroristas.
La parte más inusual de la historia es el origen de los bitcoins en disputa. En la demanda se describe un gran proyecto de minería en Rafsandjan, Irán, vinculado con Iran-China Group y el sistema energético del país. Según los demandantes, la granja podría haber utilizado alrededor de 50 000 equipos especializados y consumir hasta 175 MW, comparable al consumo eléctrico de una ciudad importante, y la escala de la instalación supuestamente se habría corroborado incluso con imágenes satelitales.
También se afirma que hasta finales de 2020 LuBian acumuló una reserva de 127 271 BTC, y que parte de la minería, según las normas iraníes, debía canalizarse por vías determinadas por el banco central para financiar importaciones.
A partir de ahí la trama se vuelve en un misterio. El documento indica que el 28 de diciembre de 2020 un "hacker ético" accedió a las carteras de LuBian y retiró más de 127 000 BTC; los fondos permanecieron inactivos durante casi cinco años y la pérdida no se hizo pública. Los demandantes afirman que LuBian envió mensajes directamente en la blockchain intentando negociar la devolución, y que, según su versión, las claves privadas acabaron en manos de agentes del FBI en Nueva York, tras lo cual la criptomoneda quedó bajo control de Estados Unidos.
En 2025, según los documentos, el hackeo comenzó a discutirse ampliamente tras un estudio retrospectivo de Arkham Intelligence.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos mantiene otra postura. La demanda señala que el 14 de octubre de 2025 EE. UU. presentó un caso separado de confiscación de esos 127 271 BTC, vinculándolo con una investigación sobre supuestos esquemas de blanqueo de capitales y fraude en los que aparecen Chen Zhi, Prince Group y otras personas. Al mismo tiempo, los demandantes subrayan que las autoridades, en su opinión, "minimizan" el vínculo iraní de LuBian, aunque parte de las carteras citadas en los documentos del gobierno están directamente relacionadas con Lubian.
Ahora el tribunal debe decidir si los bitcoins en disputa pueden reconocerse como activos vinculados a Irán a través de una "agencia o instrumentalidad" y si se puede obligar a Estados Unidos, como la parte que retiene los activos del deudor, a entregar la criptomoneda a los demandantes en cumplimiento de sus sentencias. Si las reclamaciones prosperan, podría tratarse de uno de los casos más grandes en los que se intenta destinar criptoactivos derivados de una investigación estadounidense a indemnizaciones por terrorismo, pero el proceso será claramente complejo, dado que existe un procedimiento paralelo de confiscación.