En el papel pusieron punto final; en los pasillos políticos, solo una coma.

El tribunal polaco conoció el caso sobre las declaraciones del líder de la oposición Jarosław Kaczyński, hechas durante la investigación parlamentaria sobre el uso del sistema espía Pegasus, y las declaró difamatorias contra un oponente político. Sin embargo, el procedimiento se suspendió porque el tribunal consideró que la conducta no representaba un peligro social.
El expediente está relacionado con las afirmaciones de Kaczyński sobre el diputado Krzysztof Brejza. Durante la sesión de la comisión sobre el caso Pegasus, el político explicó las razones de la vigilancia sobre Brejza y sostuvo que se trataba de la exposición de graves irregularidades. Posteriormente se comprobó que a Brejza nunca se le habían presentado cargos ni se le habían dictado sentencias. Tras ello presentó una denuncia por difamación conforme a un artículo del código penal que prevé una pena de hasta un año de privación de libertad.
El año pasado la mayoría parlamentaria apoyó la retirada de la inmunidad a Kaczyński para que el caso pudiera llegar a los tribunales. El motivo fueron las declaraciones que había prestado ante la comisión que investiga el uso de Pegasus durante el anterior Gobierno del partido Prawo i Sprawiedliwość.
Según las investigaciones, este sistema se empleó no solo contra sospechosos de delitos, sino también contra rivales políticos. Entre los objetivos de vigilancia estuvo Brejza, que en 2019 dirigió la campaña electoral de la Coalición Cívica (Koalicja Obywatelska). Parte de los datos extraídos de su teléfono fueron luego emitidos por la televisión estatal.
El tribunal de Varsovia determinó que Kaczyński sabía que no existían procesos penales contra Brejza y que no debía atribuirle públicamente delitos. No obstante, el juez Tomasz Trenbicki señaló que para la responsabilidad penal se requiere un nivel más elevado de perjuicio público. Según la valoración del tribunal, en este caso ese umbral no se alcanzó. También se observó que las palabras controvertidas se pronunciaron como respuesta a una pregunta de la comisión y se consideraron en el contexto del debate.
Krzysztof Brejza calificó la decisión de incomprensible y anunció su intención de apelar. Su representante, Dorota Brejza, afirmó que ese tipo de declaraciones distorsionan la discusión pública. El propio diputado recordó los riesgos de la retórica política agresiva y citó el ejemplo del alcalde de Gdańsk, Paweł Adamowicz, fallecido tras una campaña prolongada de acusaciones en los medios y por parte de algunos políticos. No se registraron comentarios de Kaczyński sobre la sentencia.
Tras el cambio de Gobierno a finales de 2023, el nuevo Ejecutivo encabezado por Donald Tusk inició una serie de investigaciones sobre el uso de Pegasus. Según datos oficiales, alrededor de 600 personas, entre ellas representantes de la oposición, fueron objeto de vigilancia. En una resolución judicial aparte, se obligó a la televisión estatal a pedir disculpas a Brejza y a abonarle una compensación de 200 000 zlotys por la publicación de su correspondencia personal.