El Ministerio de Comercio de China presentó ante la Comisión Europea una crítica contundente a la ley de ciberseguridad.

Pekín advirtió con firmeza a Bruselas que el intento de expulsar las tecnologías chinas de Europa no quedará sin respuesta. Las autoridades chinas declararon abiertamente su disposición a tomar medidas contra empresas europeas si la nueva ley de ciberseguridad afectara a compañías como Huawei y ZTE.
El Ministerio de Comercio de China envió a la Comisión Europea un documento de 30 páginas con una postura dura. El texto indica: si China es reconocida como "un país con riesgos en el ámbito de la ciberseguridad" o si las empresas chinas se incluyen en la lista de "proveedores de alto riesgo", Pekín podría empezar a revisar a compañías europeas e imponer medidas de respuesta.
La ley en discusión, presentada en enero, sigue siendo por ahora un proyecto. El documento propone obligar a los países de la Unión Europea, en el plazo de tres años, a eliminar completamente de las redes 5G el equipo de las empresas que consideren una amenaza para la seguridad. Antes solo eran recomendaciones; ahora Bruselas quiere convertir esos requisitos en obligatorios.
El nuevo enfoque va más allá de las telecomunicaciones. La ley permitiría declarar como amenaza a un país entero, tras lo cual las empresas de ese Estado podrían ver cerrado el acceso a sectores clave. Bajo las restricciones podrían quedar los vehículos conectados, la energía, el abastecimiento de agua, los servicios en la nube, el equipamiento médico, los servicios espaciales y la fabricación de microchips.
China calificó la iniciativa de "subjetiva" y advirtió del riesgo de romper de facto los lazos económicos. Pekín también insinuó posibles litigios, afirmando que las propuestas de Bruselas violan las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Según la parte china, los argumentos de seguridad nacional en este caso resultan discutibles, puesto que tales asuntos corresponden a las competencias de los países individuales y no de toda la Unión.
Dentro de Europa tampoco hay unidad. Algunos países se muestran cautelosos ante los intentos de Bruselas de reforzar el control sobre la seguridad económica, porque las fronteras entre esta y la seguridad nacional están difuminadas. Las discrepancias ya han impedido acordar una estrategia más amplia que afecta al control de exportaciones y a las inversiones en sectores sensibles.
Pekín exige eliminar del proyecto las disposiciones sobre "países con riesgos de ciberseguridad" y renunciar a la evaluación de los llamados factores no técnicos. La parte china considera que tales formulaciones abren la puerta a decisiones políticas sin pruebas técnicas reales de amenazas.
Las relaciones entre China y Europa se han vuelto más tensas en los últimos años. Las empresas de ambas partes se enfrentan a leyes contradictorias. Las compañías europeas se quejan de que, si se obliga a hacer transparentes las cadenas de suministro, eso podría entrar en conflicto con las normas chinas, que permiten sancionar por la recopilación de dicha información. A los infractores se les podría prohibir salir del país, deportarlos o imponer restricciones a inversiones y transacciones.
En este contexto, aumenta el número de litigios. La empresa china Nuctech ya presentó una demanda contra la Comisión Europea por la aplicación de las normas sobre subvenciones extranjeras. Anteriormente, un tribunal en Luxemburgo rechazó la queja de una compañía que afirmaba no poder entregar los datos solicitados sin violar las leyes chinas sobre secreto de Estado y prohibiciones de divulgación de información.