La forma más cómoda de traicionar a la patria en el siglo XXI.
El ex empleado de la CIA Dale Britt Bendler se vio en el centro de un sonado caso penal: utilizó el acceso a sistemas ultrasecretos del organismo de inteligencia, convirtiéndolos en "Google personal" para obtener beneficios privados. Los documentos judiciales revelan el esquema, según el cual el hombre, de 68 años, tras jubilarse en 2014 volvió a la agencia como contratista y empezó a comerciar con datos en interés de grupos de presión y clientes extranjeros.
Entre 2017 y 2020 Bendler llegó a ganar alrededor de 360.000 dólares, mientras seguía siendo empleado de la CIA con autorización de nivel Top Secret/SCI. Ese estatus le daba acceso a algunos de los secretos más protegidos del gobierno de Estados Unidos. Entre sus clientes figuró un extranjero sospechado por las autoridades de su país de malversar fondos de un fondo estatal.
Según la fiscalía, Bendler recibía 20.000 dólares mensuales por seleccionar información en bases cerradas y ayudar a diseñar una campaña destinada a refutar las acusaciones contra su cliente. Sus planes incluían la publicación de materiales en internet, intentos de influir en la opinión pública en Estados Unidos y el uso de contactos personales en el Consejo de Seguridad Nacional y en la oficina del Director de Inteligencia Nacional. En los documentos elaborados aparecían datos clasificados con la marca SECRET//NOFORN, cuya transmisión a extranjeros está categóricamente prohibida.
Otro episodio involucraba a un investigado sospechoso de blanquear dinero a favor de una organización terrorista. En ese caso también Bendler recurrió a los recursos de la CIA para averiguar qué sabían los servicios de inteligencia sobre su cliente. La investigación señala que actuó con doble beneficio: aprovechando el secreto de su trabajo como herramienta para obtener información y como cobertura para ocultar las huellas de la actividad delictiva. En la acusación se subraya que precisamente ese "dualismo del secreto" convierte el caso en representativo de todo el entorno de inteligencia, donde la tentación de lucrar con una posición privilegiada sigue siendo alta.
Los fiscales insisten en un castigo severo, argumentando que es necesario frenar prácticas similares entre exagentes de inteligencia que poseen un nivel único de acceso a la información estatal. La decisión judicial en el caso de Bendler debe ser una señal de la inevitabilidad de la responsabilidad por la comercialización de secretos que se confían a los funcionarios públicos exclusivamente para la protección de la seguridad nacional.