Nueva ley busca proteger la mente humana contra la filtración de datos neuronales.
Un grupo de senadores demócratas presentaron el proyecto de ley MIND Act, destinado a la protección de los datos obtenidos de la actividad cerebral. El texto encarga a la Comisión Federal de Comercio (FTC) estudiar cómo debería regulararse el tratamiento de la información neuronal —señales y ondas que pueden revelar pensamientos, emociones y patrones de toma de decisiones— para impedir su explotación y reforzar la confianza en las nuevas tecnologías.
Los autores de la iniciativa subrayan que, sin normas estrictas, los datos recogidos por neurointerfaces y dispositivos de consumo podrían emplearse para manipulaciones, publicidad intrusiva o incluso ser transferidos a gobiernos extranjeros. La senadora Cantwell declaró que los estadounidenses deben saber cómo las empresas usan esa información antes de que la situación se salga de control. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, añadió que se trata de la categoría más íntima de información, que en caso de abusos puede convertirse en una herramienta de engaño y fraude financiero. Otro senador, Ed Markey, señaló que el texto fortalecerá la posición de la FTC y dará claridad a la sociedad en cuestiones de protección de la privacidad cognitiva.
Según abogados, los datos neuronales están entre los tipos de información personal más vulnerables, pero a nivel federal su uso está prácticamente sin regular. La nueva ley será un paso intermedio importante hacia una reforma integral y proporcionará garantías básicas contra prácticas dañinas.
El proyecto de ley MIND Act (Ley de Gestión de Datos Neuronales de Individuos de 2025) contempla varias disposiciones clave. La FTC tendrá que reunir a representantes de organismos gubernamentales, empresas, la comunidad científica y organizaciones civiles para elaborar reglas comunes y analizar las lagunas en la legislación. También se exigirá a la comisión identificar escenarios de uso potencialmente peligrosos de los datos neuronales, incluyendo discriminación en seguros, imposición de productos de crédito, segmentación agresiva dirigida a niños y amenazas a la seguridad nacional. Se presta atención específica a las recomendaciones para incentivar a las empresas a desarrollar soluciones seguras y a limitar las adquisiciones por parte de entidades públicas de tecnologías que no cumplan los estándares establecidos.
Cuatro estados — Colorado, California, Montana y Connecticut — ya han consagrado en sus leyes un estatus especial para esos datos, exigiendo transparencia y un consentimiento estricto para su tratamiento. El texto federal crea una base unificada que debería aplicarse en todo el país. Los senadores habían pedido previamente a la FTC que frenara posibles abusos por parte de los fabricantes de neurointerfaces, pero no recibieron respuesta, lo que aceleró la preparación del nuevo proyecto de ley.