¿Cómo planea Europa protegerse de la presión de Trump y de las subvenciones chinas?
Las autoridades europeas intensifican la presión sobre la Comisión Europea, exigiendo la revisión de la «Ley de Chips» y el lanzamiento de una nueva versión. La Coalición de semiconductores, que ahora agrupa a los 27 estados de la UE, firmó la declaración con un llamado a reforzar las medidas de apoyo a la industria de semiconductores. El documento constata la necesidad de una financiación más amplia, del desarrollo de talento y de la formulación de una línea estratégica clara que permita a Europa consolidar su posición frente a los crecientes riesgos geopolíticos y a las tensiones en las cadenas de suministro.
La primera versión de la iniciativa, adoptada hace dos años, recibió críticas de los fabricantes de microchips. Las empresas señalaron que Bruselas se centró principalmente en apoyar proyectos de producción, pasando por alto otras áreas de la industria. La Asociación Europea de Fabricantes de Semiconductores también indicó la falta de inversión pública y una consideración insuficiente de los intereses de los actores clave en la toma de decisiones. Ahora la Comisión Europea ha iniciado un proceso de evaluación, abriendo consultas y la recogida de opiniones sobre qué elementos de la estrategia es necesario corregir.
El nuevo documento señala que el objetivo anterior de alcanzar el 20 por ciento del mercado mundial para 2030 no parece realista. La iniciativa carecía de claridad respecto a en qué eslabones de la cadena de suministro la UE podría lograr liderazgo y por qué esas áreas son importantes para la región. Se propone que la Ley de chips 2.0 se construya sobre tres pilares estratégicos: crear un ecosistema competitivo, desarrollar superioridad tecnológica en segmentos críticos y garantizar suministros estables de microchips de confianza para los sectores industriales de Europa. Esos principios deben respaldarse con indicadores medibles y revisiones periódicas en coordinación con los Estados miembros y representantes del mercado.
La declaración enumera prioridades concretas: crear una base educativa sólida y lanzar un programa paneuropeo de desarrollo de competencias en el ámbito de los chips, fomentar la cooperación entre universidades e industria, ampliar la investigación y la implantación experimental de nuevas tecnologías. También se señala la necesidad de eliminar barreras a la construcción de plantas —desde las dificultades en la concesión de permisos hasta el aseguramiento del acceso a la electricidad. Para acelerar proyectos clave se propone introducir un mecanismo de «permisos de emergencia», similar a las prácticas de EE. UU. y Reino Unido.
El bloque financiero de la declaración contempla la sincronización de las fuentes nacionales y paneuropeas, así como la atracción de capital privado para complementar las inversiones públicas. Entre las medidas se incluyen el apoyo a las empresas emergentes y el refuerzo de programas de investigación, incluidos proyectos en fases de primeros despliegues.
Entre las razones para una revisión acelerada de la estrategia se citan las acciones de Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump continúa presionando activamente a las grandes empresas tecnológicas, y China, que, según ministros europeos, está desplazando a competidores al inundar el mercado con chips subvencionados. En este contexto, subraya el documento, Europa no debe copiar modelos ajenos, sino centrarse en sus fortalezas: la investigación, la industria automotriz, la electrónica industrial y el desarrollo de tecnologías energéticamente eficientes.
Los expertos señalan que la nueva versión del acto debe eliminar la vaguedad excesiva. Según analistas de IDC, la primera versión no puede considerarse exitosa, pues solo abordó un número limitado de proyectos. En Gartner también estiman que la meta de cuota del mercado mundial estaba inflada desde el principio. Los especialistas sostienen que Europa no dispone de recursos comparables a los de Estados Unidos o China, por lo que tendrá que apoyarse en la cooperación y en una asignación más precisa de sus capacidades industriales industriales.
La Coalición de semiconductores, creada a principios de año, comenzó con nueve países, entre ellos Alemania, Francia y los Países Bajos, y ahora ha unido a todos los Estados miembros de la UE. Los ministros subrayan que este paso es una señal de unidad y de disposición para adaptar la estrategia industrial a las nuevas realidades. Representantes de los Países Bajos e Irlanda ya han calificado la declaración como un momento decisivo para fortalecer la autonomía y garantizar la prosperidad futura de Europa.
La cuestión clave es si la Ley de chips 2.0 podrá convertirse en una herramienta eficaz capaz de estimular la innovación, apoyar la producción local y proteger el mercado europeo de presiones externas.