Google restringe la libertad de los desarrolladores.
En los últimos 15 años F-Droid se ha convertido en una de las pocas alternativas a las tiendas clásicas de aplicaciones para Android, proporcionando a los usuarios la instalación segura de software libre verificado. A diferencia de Google Play y de otras plataformas comerciales, donde con regularidad aparecen programas espía y servicios fraudulentos, F-Droid basa su trabajo en la transparencia y la apertura del código, construyendo su funcionamiento sobre esos principios.
Cualquier aplicación, antes de su publicación, pasa una revisión: debe ser totalmente de código abierto y no contener funciones ocultas como publicidad o rastreadores. Después se compila por parte de F-Droid, y el paquete resultante se firma con su propia clave criptográfica o, en el caso de una compilación reproducible, con la clave original del desarrollador. Gracias a ello los usuarios pueden confiar en que instalan exactamente el programa que se compiló a partir del código fuente sin interferencias externas.
En la práctica esto significa que a través de F-Droid se puede instalar, por ejemplo, un servicio meteorológico sin la transmisión oculta de datos de ubicación a empresas externas o un organizador que no filtre datos personales a redes publicitarias. La transparencia del proceso se convierte en la principal garantía de confianza: el código está disponible para su verificación, los registros de compilación son públicos y la reproducibilidad de la compilación garantiza que el resultado coincida con los fuentes.
Sin embargo, el futuro de ese tipo de sistema recibió un golpe serio. Google anunció la introducción de un registro obligatorio para todos los desarrolladores de Android. Según las nuevas normas, los creadores de aplicaciones deben no solo pagar la tasa de registro y aceptar condiciones que cambian constantemente, sino también aportar documentos que acrediten su identidad y enumerar todos los identificadores de sus aplicaciones.
Para proyectos como F-Droid esto es prácticamente una exigencia imposible de cumplir: la plataforma no puede registrar por sí misma aplicaciones ajenas, y la transferencia de identificadores implicaría la posesión monopólica de los derechos de distribución. Como resultado, miles de aplicaciones libres quedarían inaccesibles para su instalación e incluso para sus actualizaciones, y los usuarios perderían un catálogo fiable de software verificado.
Google justifica esta medida con la necesidad de combatir el software malicioso, pero los argumentos parecen dudosos. La propia tienda Google Play en varias ocasiones ha sido fuente de infecciones, y para la protección de los dispositivos ya existe el servicio integrado Play Protect, que puede eliminar las amenazas detectadas independientemente de la fuente de instalación.
La contraposición entre el control centralizado y el modelo abierto de F-Droid demuestra que la seguridad puede garantizarse por otros métodos: mediante la apertura del código, compilaciones reproducibles y auditoría pública. El intento de restringir la instalación de aplicaciones con el pretexto de cuidar a los usuarios se parece más a una tendencia hacia la centralización y al aumento del control corporativo.
Los autores del proyecto subrayan que el derecho del propietario del dispositivo a ejecutar en él cualquier programa debe ser inalienable. Al comparar las nuevas normas con la necesidad de registro para escritores o artistas para poder difundir sus obras, califican la iniciativa de Google como un golpe a los principios básicos de la libertad de expresión y de la competencia. Vincular los identificadores de las aplicaciones a los datos del pasaporte de los desarrolladores convierte el proceso en un cuello de botella que limita el mercado y pone en riesgo la existencia de proyectos independientes.
F-Droid pide a los reguladores que atiendan la iniciativa de Google y que no permitan la distorsión de los conceptos, cuando medidas supuestamente en favor de la seguridad acaban siendo mecanismos de monopolización. Los desarrolladores y usuarios que comparten los valores de la libertad digital pueden apoyar el proyecto dirigiéndose a parlamentos nacionales, congresos y a la Comisión Europea, firmando peticiones y defendiendo el derecho a la libre distribución de software. De ello depende no solo el destino de F-Droid, sino también el futuro del ecosistema abierto, donde cada persona pueda elegir y usar aplicaciones sin restricciones impuestas.