La UE prepara una estrategia para reducir su dependencia tecnológica de empresas estadounidenses.

Google advirtió a las autoridades de la Unión Europea que el intento de lograr soberanía digital mediante el rechazo a plataformas estadounidenses y la adopción de software libre podría traducirse en una pérdida de competitividad. En la compañía consideran que un cambio de rumbo brusco y nuevas barreras para tecnologías extranjeras frenarán el desarrollo del mercado y crearán problemas para los usuarios y las empresas.
Kent Walker, consejero general y director de asuntos internacionales de Google, afirmó que Europa se enfrenta a una paradoja competitiva. La región busca acelerar el crecimiento económico, pero al mismo tiempo limita el acceso a tecnologías que ayudan a lograrlo. Según él, imponer barreras regulatorias en periodos de rápido avance tecnológico va en contra del propio objetivo de crecimiento. Estas declaraciones se produjeron poco después de que la Comisión Europea concluyera la consulta pública sobre la posible transición de sistemas estatales e infraestructuras a soluciones de código abierto.
En Google sostienen que no están en contra de la idea de soberanía digital, pero proponen construirla sin aislarse del mercado mundial. La compañía promueve un enfoque de “soberanía digital abierta”, en el que las tecnologías clave estén bajo control dentro de la región pero se utilicen los mejores desarrollos mundiales. Entre las medidas posibles mencionan asociaciones entre empresas estadounidenses y europeas, el almacenamiento de datos en servidores en Europa y la gestión local de la información cumpliendo la normativa europea.
La Unión Europea prepara un paquete de medidas sobre soberanía tecnológica que debe reducir la dependencia de proveedores externos de software e infraestructura en la nube. En documentos de Bruselas se afirma que apoyarse en soluciones extranjeras para sistemas críticos entraña riesgos económicos y crea vulnerabilidades. La estrategia incluye no solo regulación, sino también una implantación más activa de código abierto en las administraciones públicas. Se prevé que los organismos obtengan control total sobre las tecnologías utilizadas.
En este contexto, los desarrolladores europeos ya están reforzando sus posiciones. La empresa francesa Mistral, que crea sistemas de inteligencia artificial, informó de un aumento de los ingresos por veinte veces en un año gracias a la demanda de clientes europeos que buscan sustituir servicios estadounidenses.
En Google consideran que la sustitución forzosa de las herramientas habituales por soluciones de código abierto no aportará el efecto económico esperado y puede complicar la vida de los usuarios. Walker señala que el mercado evoluciona más rápido que las leyes y que requisitos excesivos frenan la adopción de nuevas tecnologías. Describe la etapa actual del desarrollo de la inteligencia artificial como la transición tecnológica más competitiva de la historia y advierte que el aumento de la presión regulatoria dejará rezagadas a las empresas europeas.
Las relaciones entre Bruselas y Washington en materia de política digital siguen siendo tensas. Hay disputas en torno a las leyes digitales europeas y a las restricciones para plataformas en internet. Asimismo se debate la posibilidad de medidas de represalia contra corporaciones tecnológicas estadounidenses en el contexto de desacuerdos políticos y del importante déficit de la UE en el comercio de servicios con Estados Unidos.
Al mismo tiempo, Google no pide la derogación de las normas digitales europeas y adopta una postura más moderada que Apple, pero reclama una regulación práctica y flexible, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial. Actualmente la Comisión Europea concluye las negociaciones con la empresa en asuntos en el marco de la ley de mercados digitales. Anteriormente el regulador afirmó que el buscador Google y la tienda de aplicaciones Google Play no cumplen completamente los nuevos requisitos. Desde la compañía señalan avances en el diálogo y esperan resolver las reclamaciones sin perjudicar la economía ni a los usuarios de Europa.
La propia Comisión Europea, en un estudio sobre el impacto del software libre, estimó su contribución al producto interior bruto del bloque en un rango de 65 a 95 mil millones de euros al año. Según los cálculos del organismo, un aumento del 10 % en la contribución a proyectos de código abierto podría aportar a la economía del bloque unos 100 mil millones de euros adicionales. Estos datos son utilizados en Bruselas como argumento a favor de ampliar la apuesta por la autonomía tecnológica.