La Agencia Nacional del Catastro de Rumanía reconoce un ciberataque tras varios días de interrupciones.

Una falla en el registro estatal de la propiedad paralizó el trabajo de los notarios rumanos y detuvo parte de las operaciones inmobiliarias. Tras el hackeo del sistema informático de la Agencia Nacional de Catastro y Registro de la Propiedad, los especialistas no pueden obtener extractos del registro de la propiedad, certificar la venta de un inmueble ni registrar una hipoteca.
La notaria Ana Stan publicó un texto que circula entre sus colegas. Según ella, el sistema no funciona desde el 14 de julio. Al principio la agencia explicó las interrupciones como «un problema técnico», y luego reconoció el ataque, aunque afirmó que los atacantes supuestamente no accedieron a los datos.
Simultáneamente, en un foro de hackers apareció un anuncio sobre la venta de la información robada. El autor de la publicación también compartió una captura de pantalla y afirma que elimina copias de seguridad. Por ahora no hay confirmaciones sobre la magnitud de la filtración, por lo que la afirmación del atacante no puede considerarse probada.
Stan cita la investigación de Public Record, según la cual la protección del sistema de importancia nacional estaba a cargo de una empresa con apenas dos empleados. El contrato costó 1,5 millones de lei (~$85,000), y en el pliego de condiciones no se mencionaban copias de seguridad.
La misma empresa trabajó anteriormente con la Dirección Nacional de Recursos Hídricos de Rumanía, que en diciembre sufrió un ataque similar. Según el autor de la publicación, después de aquel incidente nadie asumió responsabilidades y las autoridades no tomaron medidas que pudieran prevenir un nuevo hackeo.
La notaria exigió que se divulguen los detalles sobre el posible robo de datos, que se notifique a los ciudadanos afectados, que se verifiquen de forma independiente los contratos de protección de los sistemas estatales y que se identifique a los funcionarios que aceptaron los trabajos realizados. Para los notarios, las consecuencias ya se han convertido en un problema práctico. Mientras el registro estatal esté inaccesible, parte de las operaciones inmobiliarias están efectivamente congeladas y el personal de las oficinas notariales no sabe cuándo podrá volver a la actividad normal.