El estado logró más que todos los demás juntos.
Google acordó pagar 1.375 millones de dólares al estado de Texas para resolver dos demandas por violación de la privacidad. La empresa fue acusada de rastrear la ubicación de los usuarios y conservar datos biométricos —como huellas de voz y geometría facial— sin su consentimiento.
Esta indemnización supera todos los acuerdos anteriores alcanzados por Google en casos similares. En noviembre de 2022, la compañía pagó 391 millones de dólares a un grupo de 40 estados; en enero de 2023, transfirió 29,5 millones a Indiana y Washington; y en septiembre de ese mismo año, 93 millones a California.
La demanda inicial, presentada en 2022, abordaba el uso de datos de geolocalización, la actividad en modo incógnito y la recopilación de información biométrica. Según la fiscalía, Google rastreaba a los usuarios incluso cuando la función de “Historial de Ubicaciones” estaba desactivada, y almacenaba datos biométricos sin notificación previa.
«Durante años, Google siguió en secreto los movimientos de las personas, sus búsquedas privadas, huellas de voz y estructuras faciales a través de sus productos y servicios», declaró el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien calificó el acuerdo como una “victoria histórica” para la privacidad de los ciudadanos del estado.
En respuesta a las críticas, Google modificó sus políticas de almacenamiento: la función Maps Timeline ahora guarda el historial localmente en el dispositivo del usuario, en lugar de en la nube. También se implementaron herramientas para eliminar automáticamente los datos de ubicación.
Una suma similar —1.400 millones de dólares— ya había sido pagada a Texas por Meta*, también acusada de recopilar ilegalmente datos biométricos de millones de usuarios.
Este caso se desarrolla en un contexto de creciente presión sobre Google por parte de reguladores estadounidenses y europeos, que exigen limitar su monopolio y reformar el tratamiento de datos personales.