No los delató una huella, sino Google: una sola búsqueda convirtió al buscador en un delator

En agosto de 2020, un trágico incendio provocado en el estado estadounidense de Colorado cobró la vida de cinco personas, incluidos dos niños. A primera vista, el crimen parecía casi irresoluble: los rostros de los perpetradores estaban cubiertos, el motivo no estaba claro y apenas había pruebas. Pero el caso se resolvió gracias al uso sin precedentes de datos digitales, incluida la historia de búsquedas en Google. Este método no solo marcó un punto de inflexión en la investigación, sino que también desató intensos debates sobre los límites de la privacidad digital y los derechos humanos.

La casa de la calle Tracie, en el barrio Green Valley Ranch de los suburbios de Denver, estalló en llamas en plena noche. Los sobrevivientes del incendio apenas lograron salir, pero no se pudo salvar a los demás. Casi de inmediato apareció una grabación de una cámara de seguridad donde se ve a tres personas con máscaras acercándose a la casa y, doce minutos después, huyendo. Pocos minutos después, el edificio ardía en llamas. Esta grabación transformó el caso de un accidente a una investigación criminal.

La investigación avanzó con dificultad desde el principio. Los detectives de la policía de Denver, Neil Baker y Ernest Sandoval, solicitaron a las operadoras de telefonía móvil datos de “tower dump”: listados de todos los dispositivos presentes en la zona del incidente. El agente del ATF Mark Sonnendecker, especializado en criminalística digital, analizó los datos de T-Mobile, la cual daba servicio a la mayoría de los dispositivos en la zona. De 1.471 dispositivos identificados, seleccionó 100 que se encontraban más cerca de la casa en el momento del incendio. Posteriormente, se utilizó un IMSI-catcher para excluir a residentes habituales de la zona —quedaron 33 números sospechosos.

Paralelamente, los detectives revisaban grabaciones de otras cámaras de vecinos: los sospechosos conducían un coche oscuro, tomaban varias veces el camino equivocado, subían bordillos. Era evidente que no conocían la zona. Pero no fue posible identificar ni la matrícula del coche ni los rostros.

Para el otoño de 2020, la investigación estaba estancada. Entonces, el equipo optó por un paso poco convencional: solicitar a Google información sobre quién había buscado la dirección de la casa incendiada en los 15 días previos al hecho. La primera versión de la orden fue rechazada —la empresa se negó a entregar datos personales. Reformulando la solicitud dos veces y negociando con los abogados de Google, los investigadores lograron una respuesta parcial: una lista de 61 dispositivos con identificadores e IPs anonimizados que habían consultado esa dirección. Cinco de ellos estaban en Colorado, y tres repitieron búsquedas, incluyendo consultas sobre la distribución de la casa en Zillow.

La coincidencia con los datos del tower dump permitió reducir el círculo de sospechosos. Una de las direcciones IP estaba registrada a nombre de la hermana de Kevin Bui, de 16 años. La policía puso atención en la actividad de otros dos adolescentes: Gavin Seymour y Dillon Siebert. No vivían cerca ni tenían motivos aparentes para interesarse por esa dirección. A través de órdenes judiciales sobre sus cuentas, se descubrió que poco antes del incendio buscaron máscaras en la tienda Party City, las compraron la noche del 4 de agosto y discutieron planes de incendio. Las cámaras de seguridad captaron un Toyota Camry, similar al registrado a nombre de la familia Bui, entrando en el aparcamiento de Party City la víspera del incendio.

Otros datos aumentaron las sospechas: justo después del incendio, los adolescentes se fueron de excursión y luego, como se supo, Bui y Seymour viajaron de vacaciones a Cancún, publicando fotos en redes sociales desde playas y embarcaciones. Esto indignó a los investigadores: las pruebas del crimen aún estaban calientes y los sospechosos se divertían.

El 27 de enero de 2021, los tres fueron detenidos. Bui confesó el mismo día de su arresto. Contó que lo habían asaltado en el centro de Denver y, usando la función Find My en su iPad, localizó su iPhone en una casa en la calle Tracie. Bui asumió erróneamente que allí vivían los asaltantes y, en un impulso de furia, planeó un acto de venganza, implicando a sus amigos. No comprendió que se había equivocado de dirección hasta que vio las noticias y fotos de las víctimas.

El juicio duró casi dos años. En 2022, Seymour y Siebert intentaron excluir la principal prueba: la orden por palabra clave enviada a Google. La defensa argumentaba que dicha orden violaba la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que prohíbe registros masivos sin causa probable. El Tribunal Supremo de Colorado declaró que la orden era admisible, aunque “constitucionalmente defectuosa”, ya que inicialmente no se identificaba a un sospechoso concreto. No obstante, el tribunal permitió el uso de los datos obtenidos.

Este precedente generó un amplio debate en todo el país. Defensores de derechos advierten que esta práctica podría usarse con fines políticos —por ejemplo, para identificar a quienes buscan información sobre migración o abortos en estados donde están prohibidos. En 2024, un caso similar llegó al Tribunal Supremo de Pensilvania —en él, una orden por palabra clave se usó para capturar a un violador en serie. Su resolución podría influir en la aplicación de la ley en todo el país.

Para el verano de 2024, los tres adolescentes se declararon culpables mediante un acuerdo. Siebert fue condenado a 10 años en el sistema juvenil, Seymour a 40 años y Bui a 60. Este último tenía drogas al momento del arresto, lo cual agravó su situación. Bui fue reconocido como el principal organizador del incendio.

La historia de la casa en la calle Tracie no solo fue una tragedia, sino también un punto de inflexión en el debate sobre la vigilancia digital. La posibilidad de resolver crímenes mediante huellas tecnológicas ahora convive con el peligro para la privacidad de millones. La pregunta no es si se puede buscar asesinos a través de búsquedas. La pregunta es: ¿dónde está la línea entre la seguridad y la intrusión en la vida privada?