Solo le dio uvas a un cerdo… y se convirtió en bioterrorista

En Estados Unidos salió a la luz una extensa campaña encubierta en la que representantes del lobby agroindustrial presionaron durante años para que el movimiento por los derechos de los animales fuera clasificado por las fuerzas del orden como una “amenaza de bioterrorismo”. Documentos obtenidos por la organización sin fines de lucro Property of the People y publicados por WIRED revelan la estrecha colaboración entre la organización del sector Animal Agriculture Alliance (AAA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en la promoción de la idea de que los activistas representan un peligro para la bioseguridad nacional.

Desde 2018, AAA ha compartido regularmente con el FBI información sobre organizaciones como Direct Action Everywhere (DxE), incluyendo grabaciones de audio y video, listas de participantes y materiales de reuniones internas. Para ello, recurrieron a empresas privadas de inteligencia como Afimac Global. Sus agentes encubiertos asistían a eventos de DxE, filmaban lo ocurrido y elaboraban informes que luego eran entregados al FBI. En 2018, por ejemplo, el consejo directivo de AAA discutió contratar a alguien para asistir a una conferencia de DxE en Berkeley. Presupuesto: 4500 dólares. Una operación similar se repitió en 2021, con un informe que identificaba a activistas, incluida Zoe Rosenberg, y describía sus acciones.

Ese mismo año, AAA participó en una conferencia regulatoria con una presentación titulada “Bioterrorismo y grupos activistas”. Después de esto, el FBI solicitó a la organización un archivo de incidentes relacionados con protestas en granjas. En una discusión interna, un representante del agro señaló que la legislación actual no permitía perseguir con suficiente dureza a los activistas y propuso usar cargos de terrorismo como alternativa.

AAA mantuvo una relación especialmente estrecha con la División de Armas de Destrucción Masiva del FBI (WMDD), que también se ocupa de amenazas potenciales en el sector agrícola. Stephen Goldsmith, jefe del programa veterinario del WMDD, se reunió en múltiples ocasiones con representantes de AAA, participó en actividades conjuntas, recibió y transmitió información sobre las acciones de DxE a otros agentes, y coordinó vínculos con otras agencias gubernamentales. En 2019, recibió una carta de la presidenta de AAA, Kay Johnson Smith, instando a compartir información sobre los activistas —a quienes calificó de “extremistas”— con las fuerzas del orden de todo el país.

Tras recibir esa información, el WMDD emitió un memorando interno en el que afirmaba que los “extremistas por los derechos animales” probablemente contribuían a la propagación de la enfermedad de Newcastle en aves (vND). El documento alegaba que los miembros de DxE incumplían los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, unos meses después, el Centro de Inteligencia del Norte de California (NCRIC) refutó esas afirmaciones, citando datos científicos federales y reportes policiales que confirmaban que los activistas no violaban normas sanitarias.

Zoe Rosenberg, activista de DxE y estudiante de la Universidad de California en Berkeley, fue procesada en 2023 por rescatar a cuatro gallinas de una granja en el condado de Sonoma. La fiscalía calificó sus acciones como una posible “amenaza a la bioseguridad”, pese a que DxE emplea protocolos sanitarios más estrictos que los estándares del sector. Antes de ingresar a las granjas, los activistas hacen una cuarentena de una semana, se duchan con agua caliente, visten ropa desinfectada y esterilizan su equipo dos veces.

Sin embargo, para la agroindustria, la verdadera amenaza no eran las acciones físicas, sino las campañas mediáticas. En 2019, AAA y el FBI se alarmaron por el lanzamiento del mapa interactivo Project Counterglow, que señalaba más de 27 mil granjas en todo el país. La información se recopiló mediante datos abiertos y análisis de imágenes satelitales con inteligencia artificial. Tras el lanzamiento, el FBI y AAA organizaron una reunión conjunta y establecieron un canal de comunicación a través del correo NF_ARVE_INTAKE@fbi.gov y un “Formulario de notificación de actividades activistas” que se distribuyó entre los agricultores.

Al mismo tiempo, AAA intentó restringir el acceso a sus propios archivos. En 2018, comenzaron a proteger documentos sensibles con contraseñas y se unieron a una coalición de la industria alimentaria que presentó un amicus brief ante la Corte Suprema de EE. UU. El objetivo era redefinir el concepto de “información confidencial” en la Ley de Libertad de Información (FOIA) para evitar que activistas accedieran a ella. El fallo favoreció al sector agropecuario, ampliando la interpretación del término.

Los casos de interpretación sesgada en favor del agro no se limitaron al FBI. En un episodio en California, funcionarios retrasaron la publicación de datos sobre un brote de gripe aviar por temor a protestas en granjas. Decidieron no ingresar los datos en el sistema de alerta del estado durante al menos tres días. En ese lapso, se sacrificaron más de 250 mil aves. Un año después, las autoridades publicaron un informe que sugería que los activistas pudieron ser el origen del virus.

Un detalle especialmente llamativo es el caso de un camionero que se quejó ante la AAA porque los activistas “alimentaban a sus cerdos con uvas” y fotografiaban su camión. Este incidente fue presentado como motivo para abrir una investigación por posible bioterrorismo.

Goldsmith también intentó bloquear las solicitudes de documentos por parte de Property of the People. En una ocasión, envió una carta al Departamento de Agricultura del estado de Washington afirmando que su director, Ryan Shapiro, tenía vínculos con “un grupo criminal conocido”. Esta acusación resultó ser falsa, pero el FBI ordenó no mencionar el nombre de la granja involucrada en el caso. En los correos electrónicos incluso se utilizaron códigos por si los documentos eran divulgados mediante la FOIA.

Al comentar la situación, Shapiro advirtió que estas prácticas representan una amenaza para las libertades civiles. Afirmó que la crueldad en las granjas industriales está directamente relacionada con la propagación de enfermedades, pero que en lugar de investigar las causas, las agencias gubernamentales, bajo la presión de los lobbies del sector, persiguen a quienes intentan exponer el problema.