¿La inteligencia española en manos de China? Huawei encontró una laguna en las leyes de la UE

El gobierno de España firmó contratos por un valor de 12,3 millones de euros con la empresa china Huawei para el almacenamiento de grabaciones de escuchas telefónicas realizadas por orden judicial. Según datos publicados por el Ministerio del Interior y el portal de contratación pública, se trata de parte de contratos centralizados celebrados para el periodo de 2021 a 2025. La responsabilidad del almacenamiento de las conversaciones interceptadas recae en los servidores Huawei OceanStor, un sistema de clase empresarial diseñado específicamente para trabajar con grandes volúmenes de información sensible.

El sistema de almacenamiento Huawei OceanStor es utilizado por las fuerzas del orden en España para guardar y clasificar la información obtenida en el marco de actividades de investigación legal. El almacenamiento se lleva a cabo conforme a las directrices elaboradas por el Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC) y en cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad.

Sin embargo, la elección del proveedor ha generado preocupación entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según fuentes internas, preocupa que información tan sensible se confíe a una empresa estrechamente vinculada al gobierno chino y al Partido Comunista. Aunque la compra se realizó conforme al procedimiento oficial, dentro de los servicios de inteligencia y cuerpos de seguridad se considera que esta decisión contradice los intereses de seguridad nacional.

Huawei ya había participado anteriormente en proyectos de soporte técnico para sistemas de interceptación, incluido SITEL, la plataforma clave para la interceptación de comunicaciones. A pesar de las persistentes sospechas sobre los vínculos de Huawei con el aparato estatal chino, la empresa continúa teniendo presencia en la infraestructura del Ministerio del Interior. Esto contrasta fuertemente con el enfoque de países de la OTAN, que excluyeron a Huawei de redes críticas y limitaron su participación en proyectos estratégicos.

España adquirió el servidor OceanStor 6800 V5 — uno de los productos insignia de Huawei. Este modelo se utiliza ampliamente en países de África, América Latina y Europa del Este por su combinación de rendimiento y bajo coste en comparación con las ofertas de Dell, IBM y Hitachi. Sin embargo, fue precisamente este equilibrio entre precio y prestaciones lo que pesó en la decisión del gobierno español, a pesar de los riesgos geopolíticos.

Desde el punto de vista de la seguridad, existe la posibilidad hipotética de que estos sistemas contengan mecanismos ocultos de acceso remoto, especialmente si se usan soluciones de copia de seguridad en la nube. No obstante, Huawei ha subrayado repetidamente que no participa en actividades de espionaje ni tiene acceso a los datos de sus clientes.

A pesar de ello, las restricciones internacionales contra Huawei siguen intensificándose. Estados Unidos impuso una prohibición total del uso de su tecnología ya durante la administración de Donald Trump. La Comisión Europea recomendó en 2020 que los países de la UE excluyeran a los «proveedores de alto riesgo» de las infraestructuras 5G, refiriéndose directamente a Huawei. Alemania, Francia, Suecia y Reino Unido fueron más allá e impusieron restricciones directas.

No obstante, estas prohibiciones se centraron principalmente en las antenas de telecomunicaciones, no en los servidores ni sistemas de almacenamiento de datos, lo que dejó un vacío legal que permitió a España mantener su colaboración con el gigante tecnológico chino. En este contexto, la política del primer ministro Pedro Sánchez resulta especialmente destacable: ha abogado en varias ocasiones por mantener la cooperación con Huawei, pese a la presión de Bruselas. Además, el exjefe del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero colabora activamente con la empresa desde que dejó el cargo.

Paralelamente, Huawei está reforzando su presencia en España: se están abriendo nuevos centros de investigación, ampliando su plantilla y obteniendo el estatus de contratista clave para organismos públicos. A ello contribuye también el contexto diplomático: el presidente chino Xi Jinping ha calificado a España como «socio cercano» en Europa y ha recibido personalmente a Sánchez en Pekín.

Ante este panorama, cada vez más observadores se preguntan hasta qué punto es coherente la política de ciberseguridad de España. Mientras sus principales socios en la UE refuerzan la protección contra posibles interferencias externas, Madrid sigue confiando en un proveedor que ha sido objeto de severas advertencias internacionales.