¿Carrera contra China o tiro en el pie? Lo que se esconde tras los centros de datos militares en Estados Unidos

Los militares estadounidenses quieren convertir terrenos libres en las bases en ubicaciones para gigantescos complejos informáticos, pero el Congreso teme que la carrera por la inteligencia artificial deje a las ciudades vecinas sin electricidad y agua baratas. Los legisladores exigen que el Pentágono revele las consecuencias de esos proyectos antes del inicio de las obras.

El Departamento de Defensa de EE. UU. cede terrenos en instalaciones militares a empresas privadas que planean construir centros de datos para sistemas de inteligencia artificial. El Pentágono espera utilizar la capacidad de cómputo para controlar enjambres de drones e implementar otras tecnologías militares.

El programa cobró impulso tras una orden del presidente Donald Trump, que encargó identificar en las bases militares los terrenos adecuados para la nueva infraestructura. La Fuerza Aérea ya ofreció a empresas terrenos disponibles en cinco instalaciones, y el Ejército firmó dos acuerdos preliminares.

La firma de inversión Carlyle Group planea construir para 2027 un centro de procesamiento de datos en la base Fort Bliss, en Texas. Para el proyecto se asignaron 1.384 acres, o alrededor de 560 hectáreas. La empresa CyrusOne obtuvo 1.201 acres, alrededor de 486 hectáreas, en el polígono Dugway en Utah. Se prevé completar la construcción para 2029.

El Ejército afirma que los contribuyentes no tendrán que pagar el inicio de los trabajos, y que las empresas suministrarán por sí mismas la electricidad y el agua a las instalaciones. Algunos congresistas dudan de que dichas promesas puedan cumplirse. Según la estimación del medio El Paso Matters, el complejo en Fort Bliss podría consumir más electricidad que los 460.000 consumidores de El Paso juntos.

Los legisladores también están preocupados por la falta de información detallada sobre los contratos. El Congreso todavía no sabe cómo el Pentágono controlará el consumo de recursos ni si podrá proteger la infraestructura de las bases, la preparación operativa de las unidades y los intereses de los residentes locales.

Algunas propuestas ya han sido revisadas en los comités de la Cámara de Representantes. Una de ellas obliga al Departamento de Defensa a notificar al Congreso con antelación cómo afectará la construcción a las redes eléctricas, al suministro de agua y a las comunidades vecinas. Otras iniciativas exigen evaluar el ruido, la iluminación, la seguridad de los suministros y la dependencia de componentes fabricados en países que Estados Unidos considera adversarios.

Algunos demócratas proponen medidas más estrictas. La congresista Rashida Tlaib presentó un proyecto de ley que prohíbe construir centros de datos para inteligencia artificial en tierras federales, incluidas las bases militares. Otros legisladores quieren establecer requisitos mínimos de ahorro de agua y prohibir proyectos que puedan aumentar las tarifas eléctricas para la población.

El Pentágono y algunos republicanos se oponen a nuevas restricciones. Los militares advierten que procesos complejos de aprobación podrían ahuyentar a las empresas privadas y ralentizar la adopción de la inteligencia artificial, mientras China y otros competidores aumentan sus capacidades. Los críticos de las propuestas consideran que los informes anuales serán suficientes y que las verificaciones preliminares solo incrementarán la carga documental.

Ambas cámaras del Congreso aún deben acordar las versiones finales del presupuesto de defensa y de la ley de política militar. El debate ahora no se centra en si el ejército necesita nuevas capacidades de cómputo, sino en quién pagará por su demanda de agua y energía.