El secretario de Energía de EE. UU. encabezará un megaproyecto para implementar la inteligencia artificial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva «Lanzamiento de la Misión Génesis», que pone en marcha un programa nacional para el uso de la inteligencia artificial en la ciencia. El texto del documento fue publicado en el sitio web de la Casa Blanca.
En el preámbulo la iniciativa se compara con el Proyecto Manhattan por su magnitud y urgencia y promete «una nueva era de descubrimientos científicos acelerados por la IA». Según Politico, el asesor científico del presidente Michael Kratsios califica a la Misión Génesis como «la mayor movilización de recursos científicos federales desde el programa Apolo».
La coordinación del programa fue encomendada al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, un empresario que se enriqueció con el fracking. La orden instruye al Departamento de Energía a unificar los datos científicos del propio departamento y de otras agencias federales y, sobre esa base, crear modelos científicos fundacionales y sistemas de IA para la automatización de experimentos y el análisis de datos.
Para ello se desplegará la Plataforma Estadounidense de Ciencia y Seguridad, que aprovechará las supercomputadoras de los laboratorios nacionales y entornos en la nube protegidos. El documento menciona expresamente tareas como el diseño automatizado de experimentos, la simulación acelerada y el uso de IA para previsiones en ámbitos que van desde la fusión nuclear hasta la ciencia de materiales y la microelectrónica.
La orden detalla el trabajo del primer año. En un plazo de 60 días el Departamento de Energía debe presentar una lista de al menos 20 tareas científico-tecnológicas clave de importancia nacional. En 90 días el departamento está obligado a preparar un inventario de los recursos computacionales disponibles; 120 días después debe definir el conjunto inicial de conjuntos de datos y modelos y un plan para la conexión de datos de otras agencias y universidades. En 240 días deberá evaluar el potencial de «laboratorios robotizados», y en 270 días presentar el primer caso demostrativo de la plataforma. Transcurrido un año y posteriormente de forma anual, el departamento rendirá cuentas sobre el estado de la plataforma y los resultados alcanzados.
La Misión Génesis se apoya en una línea ya existente de órdenes sobre IA que la administración Trump recopila en un portal gubernamental separado, AI.gov. Allí se listan documentos, incluidos decretos para fomentar la exportación del conjunto tecnológico estadounidense de IA y para prevenir una «IA woke» en las agencias federales. La nueva iniciativa se presenta como un nivel superpuesto, más ambicioso, destinado a vincular la IA con la investigación fundamental.
Paralelamente, como recuerdan los críticos, la administración realiza recortes masivos a la financiación científica tradicional. Según PBS, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió recortar aproximadamente 783 millones de dólares del presupuesto para investigaciones en salud.
Un bloque separado de recortes afectó a la ciencia del clima. MIT Technology Review informó sobre el cierre de más de cien estudios climáticos financiados por la Fundación Nacional de Ciencia; esta estimación también queda respaldada por revisiones y recopilaciones especializadas, como Free Government Information y Nature.
Según datos del Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia, la administración también recortó casi 100 millones de dólares en la financiación del brazo de investigación de la NOAA encargado del tiempo, los océanos y el clima.
En paralelo a estas decisiones, en Estados Unidos también hay una disputa en torno a los programas universitarios de diversidad e inclusión. Según The Guardian, el Departamento de Estado tiene previsto excluir a 38 universidades de la asociación investigadora Diplomacy Lab debido al uso de enfoques de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en su política de personal.
En definitiva, la Misión Génesis se lanza como un proyecto tecnológico de gran envergadura y como una iniciativa políticamente controvertida. Sus partidarios esperan que una plataforma pública de IA realmente acelere los descubrimientos fundamentales y aumente el rendimiento de las inversiones federales en ciencia. Los escépticos señalan que la orden subraya de forma reiterada la dependencia de los presupuestos ya existentes y la fórmula «sujeto a la disponibilidad de fondos», y que, en el contexto de recortes de programas tradicionales, apostar por la «ciencia automatizada» resulta arriesgado. El efecto real de la iniciativa se conocerá solo tras los primeros informes del Departamento de Energía y en función de los proyectos prácticos que se logren construir sobre esa plataforma.